Pronto entrará en vigor la nueva ley de carga pública

A partir del 24 de febrero, el gobierno comenzará a ejercer la nueva ley de carga pública. La normativa aleja del permiso de residencia a quienes puedan depender de beneficios sociales del gobierno.

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la ley de carga pública emitida por la Administración actual en una votación de 5 votos a favor y 4 en contra.

La controversial ley está ligada al permiso de residencia permanente, o Green Card. Los inmigrantes que pidan residencia permanente en el país verán sus peticiones negadas en caso de que el gobierno encuentre que el solicitante podría potencialmente convertirse en una carga para el país.

Como carga pública, se define a quien dependa mayoritariamente de los beneficios sociales del gobierno para subsistir en el país. Entre los beneficios sociales más populares se cuentan los servicios de asistencia alimentaria, como los del SNAP, vales de ayuda de vivienda o programas de subsidios para medicamentos.

Un inmigrante calificará bajo esta figura legal si recibe “uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de tres años”.

Sin embargo, alguien que ya posea algún tipo de visado y desee extender o cambiar su estatus migratorio también será afectado si su economía personal depende en gran medida de la ayuda pública, según EFE.

Estarán seguras las personas que ya son ciudadanos naturalizados o tienen residencia permanente que no busquen cambios en su estatus. La ley no es retroactiva.

Consecuentemente, la ley de carga pública tiene como blanco a los inmigrantes de bajos recursos que hacen uso de este tipo de beneficios sociales.

A la cabeza en la ejecución de esta medida, que entrará en vigor a partir del 24 de febrero de este año, está el United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

USCIS se encargará de considerar “todos los factores requeridos por la ley, como la edad, la salud, el ingreso, la educación y las capacitaciones del inmigrante, entre otros, a fin de determinar si el extranjero podría convertirse en el futuro una carga pública”, según un comunicado de prensa.

El único estado exento de la ejecución de la nueva ley es Illinois, donde está todavía en discusión en la corte federal.

La posición y justificación de la medida quedó expresada en el decir de Ken Cuccinelli, secretario interino de Seguridad Nacional:

“La autosuficiencia es un valor estadounidense central y ha sido parte de la ley de inmigración por siglos. El presidente Trump ha pedido la aplicación de las leyes de inmigración que han estado vigentes por mucho tiempo, y USCIS cumple esa promesa”.

“Al exigir que quienes buscan venir o quedarse en Estados Unidos dependan de sus propios recursos, sus familias y sus comunidades, estimularemos la autosuficiencia, promoveremos el éxito de los inmigrantes y protegeremos a los estadounidenses que pagan impuestos”, amplió el secretario en el mismo comunicado.

Algunos grupos sociales, entre refugiados, personas con asilo y víctimas de violencia doméstica o tráfico de personas no serán afectados por la medida. Los trámites que fueron enviados antes del 15 de octubre de 2019 tampoco serán afectados.

Univisión declaró, tras consultar algunos abogados especializados, que cualquier inmigrante que tenga pensado hacer algún tipo de trámite migratorio será descalificado “de inmediato” si se prueba que usó asistencia pública por 12 meses en los últimos 36 meses.

Por lo demás, “la USCIS publicará formularios actualizados, instrucciones de envío y orientación del Manual de Políticas en el sitio web de la agencia federal durante” esta semana.