México se compromete a imponer un nuevo orden migratorio en la frontera para evitar los aranceles anunciados por Donald Trump

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Las amenazas de Donald Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se extendieron hasta por ocho días, y provocaron grandes sufrimientos diplomáticos para el equipo de negociación mexicano, encabezado por el canciller azteca, Marcelo Ebrard. En síntesis, Estados Unidos advirtió a México que, de no hallar una solución inmediata para el fenómeno migratorio ilegal en la frontera, gravaría al 5% los productos de exportación mexicanos.

Este ha sido el mayor reto de toda la administración de AMLO en términos de costos políticos. Se vio contra la espada y la pared: o mantener su política de ‘puertas abiertas’ (bienvenida de los inmigrantes centroamericanos que pasan por México para solicitar asilo en el Norte) o arriesgar su estructura económica para satisfacer el mandato de Estados Unidos.

AMLO y su equipo negociador se fue por el segundo camino, arriesgando una perdida de puje político de inmensas proporciones. Entre las medidas que se acordaron para intensificar los controles migratorios en la frontera, México enviará 6.000 agentes de la Guardia Nacional. Además, recibirá 8.000 migrantes centroamericanos provenientes de Estados Unidos, todos en medio del proceso de petición de asilo.

Las amenazas del gobierno estadounidense fueron contundentes: desde el 10 de junio, se habría establecido un arancel del 5% a todos los productos de importación mexicanos, para aumentar cada mes en la proporción en un 25%, lo que, definitivamente, hubiese resultado crítico para la economía azteca, que envía el 80% de sus exportaciones hacia el norte.

No obstante, las conclusiones de la negociación han permanecido, en el gran detalle, ocultos a la opinión pública. Un tuit de Trump dejó saber que, probablemente, entre los puntos acordados, también estaría la adquisición de una gran cantidad de productos agrícolas estadounidenses “de forma inmediata”.

Una vez terminada la dura crisis, AMLO se encargó de frenar el impacto negativo de la reacción política. Si bien, a todas luces, las negociaciones parecen abiertamente apuntar a una derrota diplomática que benefició a Estados Unidos, el gobierno mexicano habla de una victoria a manera de celebración, que tuvo lugar en Tijuana, cerca de la frontera.

“Creo que se logró un equilibrio justo […] Hemos llegado a un punto intermedio. Y aceptan apoyar el programa que México propone para Centroamérica”, mencionó por su parte el canciller Ebrard.

“No podríamos estar más satisfechos […] Es muy, muy importante y valoramos el compromiso que México ha hecho para ayudarnos en importantes temas migratorios”, respondió la otra cara de la moneda, el Secretario de Comercio del gobierno Trump, Steven Mnuchin.

Huelga decir que la solución es apenas provisional, o por lo menos así lo dejo entrever Trump en un tuit con el que dio fin a las amenazas:

“Me complace informarles que Estados Unidos ha logrado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por Estados Unidos el lunes, en contra de México, están suspendidos indefinidamente […] México, a su vez, acordó tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal”.

Algunas voces fueron críticas con el acuerdo. Luis Rey Villagrán dijo a AFP que “están criminalizando el fenómeno migratorio. Van a militarizar la frontera y detener a mujeres y niñas […] Se está pisoteando la soberanía nacional”.

Finalmente, siguen en pie los acuerdos del 18 de diciembre, que tienen que ver con el compromiso mutuo de ambas naciones para frenar la migración centroamericana a través del fomento del desarrollo económico y la inversión tanto en México como en los países centroamericanos más afectados por la desigualdad social. En palabras de AMLO, “crear una zona de prosperidad”, específicamente, en Guatemala, Honduras y El Salvador.