La controversia por la pregunta de la ciudanía en el Censo de 2020 podría tener fin en el Congreso

La Administración Trump ha propuesto, con el liderazgo de Wilbur Ross, Secretario de Comercio, incluir una pregunta en el Censo General de 2020: “Is this person a citizen of the United States?” (¿Es esta persona ciudadana de los Estados Unidos?).

La proposición ganó controversia a inicios de enero, cuando múltiples colectivos legales y defensores de inmigrantes invitaron a suprimir la pregunta, denunciando que sería enormemente contraproducente para la eficaz contabilización de estas poblaciones en el país.

El Censo General de 2020 no tiene únicamente la función de investigar cuál es el número total de habitantes en el país. Es, quizá, la mayor fuente de información demográfica para el gobierno, determinando indicativos primordiales para la creación de políticas públicas: variables como edad, sexo, origen étnico, raza, vivienda y hasta el uso de tecnología y escolarización están incluidas.

Pero, además, es la principal fuente gubernamental para establecer el número total de representantes (escaños) disponibles para cada uno de los estados en el Congreso, así como la determinación de la cantidad de recursos que le pertenecen a cada comunidad.

Por esta razón, muchos han dicho que la pregunta por la ciudadanía podría “convertir el Censo en un arma”, ya que las poblaciones inmigrantes (principalmente asiáticos y latinos) podrían reaccionar a la defensiva ante la pregunta y no participar del Censo por miedo a que sea usado en su contra.

El juez Jesse M. Furman, en un texto de 277 páginas firmado por 17 estados, entre ellos New York, y las ciudades de Washington, D.C., San Francisco y Seattle, junto con U.S. Conference of Mayors, es contundente: “cientos de miles – si no millones- de personas pasarán desapercibidas” si se llega a añadir la pregunta por la ciudadanía en el texto, quedando así la pregunta, por ahora, parcialmente excluida del Censo.

Las consecuencias de incluir la pregunta daría cuenta de dos escenario negativos:

  1. Las poblaciones asiáticas y latinas, al no participar del Censo, serían infrarrepresentadas, esto es, a menor cantidad de asiáticos y latinos enlistados en las cifras del gobierno, menor serían las oportunidades de estas poblaciones de beneficiarse de políticas públicas o ser tomados en cuenta a la hora de analizar dimensiones políticas, sociales y económicas en el país.
  2. Los estados y comunidades con poblaciones predominantemente asiáticas y latinas verían estos números descontados de sus registros, lo que traduce a un recorte en la financiación gubernamental y a escaños en el Congreso. Esto sucede actualmente con California, que fue el primer estado en demandar la propuesta.

“Actualmente, es uno de los asuntos más urgentes en materia de derechos civiles que el país está enfrentando”, dijo Beth Lynk, Directora de Census Counts Campaign de la organización Leadership Conference Education Fund.

Census Bureau, entidad gubernamental a cargo de la administración ejecutiva del Censo, tenía plazo para imprimir los cuestionarios hasta junio del presente año. Ahora, han dicho que extenderán la fecha limite hasta octubre. Por lo demás, esta modificación fue totalmente repentina.

Mientras tanto, el Gobierno afirmó que apelaría el fallo del juez Furman, y ha pedido al Tribunal Supremo que se haga cargo del limbo jurídico para decretar la decisión final lo más pronto posible.

Así las cosas, quien podría poner fin a la disputa es el Congreso. Una de las más acertadas movidas fue la realizada el 6 de febrero por el demócrata Brian Schatz, representante de Hawai.

Propuso la IDEA (Improving Data and Enhanced Accuracy) Act. El núcleo de la ley es poner un alto a las modificaciones repentinas al Censo, a través de un requerimiento de mínimo tres años de anticipación y una cuidadosa investigación para establecer algún tipo de cambio material en los próximos cuestionarios del Censo. La propuesta ha sido apoyada por otros 18 senadores.

Por otro lado, unos 45 miembros del Congreso redactaron un mensaje para Ross, el Secretario de Comercio y el Fiscal General, Matthew Whitaker el pasado 24 de enero, solicitando que abandonen su petición de apelación al fallo de Furman.

“Creemos que la administración debe dedicar sus recursos a la preparación del Censo 2020 sin que la nube de la cuestión por la ciudadanía penetre en el proceso”, dice la misiva.

El Congreso tiene la potestad de pasar una legislación en contra de las modificaciones al cuestionario del Censo antes que el Tribunal Supremo pueda apelar la decisión de Furman.

“Pedimos al Congreso que tome medidas, porque tienen una responsabilidad constitucional y una capacidad, y la oportunidad perfecta para hacerlo”, concluyó Lynk.