El ruido y la furia del momento histórico latinoamericano

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Desde hace un par de meses hacia acá, varios estados del conjunto regional de América Latina se han visto envueltos en largas jornadas de manifestaciones sistemáticas. Algunas de ellas han logrado poner en jaque a la determinación política de los mandatarios latinos. Algunas de ellas han sintonizado nuestra atención alrededor de un malestar generalizado, que tiene su raíz en una estructura económica y política desunida de las condiciones y proyectos sociales de estos países en cuestión.

De entre este grupo, destacan, principalmente, Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina. Como caso paradigmático, Chile lleva a la máxima expresión el problema que tratamos de delimitar: el de un modelo económico que, si bien ha seguido una línea aparentemente formidable, la realidad inmediata, cotidiana, la de la gran mayoría de chilenos, parece contradecir la cotidiana caracterización de Chile como un país desarrollado en medio del archipiélago de los cuestionablemente llamadas países en vía de desarrollo.

En suma, el vector económico de Chile, del que la administración política es solo un fiel instrumento, apunta a satisfacer un desarrollo vertical, unilateral. Este desarrollo unilateral ha beneficiado de manera casi exclusiva a una clase económica acomodada. De hecho, Chile se caracteriza por ser un país de altos ingresos, pero, al mismo tiempo, un país donde retumba la desigualdad. La riqueza, en últimas, sigue la huella de un colectivo bastante pequeño con respecto al todo de la población. El resto, la gran mayoría, vive acorralada por un costo de vida a todas luces inconsecuente, si tenemos en cuenta que el salario mínimo para este país está establecido, con el aumento que impulsó el presidente Piñera como parte de su paquete de beneficios sociales, en aproximadamente $480 dólares.

La respuesta del gobierno a esta serie de manifestaciones puede ser mejor explicada con la afirmación del presidente Piñera: “estamos en guerra”. En guerra contra el pueblo y lo que representa. En seguida, los militares fueron desplegados, y en varias regiones del país se instituyeron toques de queda. El país entero está en estado de emergencia.

Ecuador, por su parte, conoció los estragos de la inconformidad cuando sus ciudadanos le salieron al paso al paquete de medidas de austeridad del presidente Moreno, demandando una inmediata retractación, además de una serie de demandas concretas. Los protestantes de los Andes lograron —eso sí, por medio de jornadas catastróficas de desorden civil— correr al Congreso de Quito hasta Guayaquil. En momentos de airada tensión, los medios captaron, incluso, formas de conflicto entre la institucionalidad militar y la institucionalidad policial del país.

La política latinoamericana está desatendiendo a su pueblo y sus necesidades en beneficio de un pequeño grupo de poder que, a su vez, recibe apoyo del modelo económico y la administración política que lo sucede. A menos que esto cambie, el panorama que se asoma no incluye un escenario en donde la alteración de las bases sociales y el orden sean sacrificados por el reordenamiento del beneficio público.