Comienza una nueva etapa de deportaciones aceleradas en el país

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La reglamentación de deportaciones exprés, o aceleradas, entró en vigor desde el 1 de septiembre. Por lo demás, fue anunciada y aprobada en junio, y tiene como fin desregularizar el proceso de deportación para que un grupo de indocumentados que reúna ciertos criterios puedan ser devueltos a su país de origen sin la necesidad de una audiencia judicial.

Estos criterios, vagamente, afectarán a los indocumentados que no tengan más de dos años de estancia en el país y se encuentren físicamente en un radio de 100 millas (o 160 kilómetros) desde la frontera.

Denominada oficialmente Expedited Removal (Deportación Acelerada), la normativa buscará dar solución a los casos acumulados de procesos de deportación dentro de los organismos gubernamentales a cargo. Esta medida tendrá como centro a indocumentados que hayan participado de crímenes y posean antecedentes criminales.

Así mismo, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ganarán más autonomía para responder sin autorización. Estos agentes podrán colocar a un indocumentado en proceso expedito de deportación. Su alcance es casi total, excepto en casos muy limitados y particulares.

De acuerdo con un memorando de Matthew Albence, director interino del ICE y al que Univisión tuvo acceso, la deportación acelerada fichará a los inmigrantes “considerados inadmisibles bajo las secciones 212(a)(6)(C) o (a) (7) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, esto es, extranjeros que en algún momento fueron deportados pero regresaron al país sin ninguna clase de permiso; extranjeros que cometieron crímenes graves o tengan un antecedente criminal abultado (traficantes de drogas o asociados al terrorismo), además de extranjeros con orden final de deportación.

La aplicación real de esta medida implicará para los agentes hacer uso del Programa de Extranjería Criminal, por lo que están en capacidad de abrir un proceso de deportación acelerada en extranjeros detenidos durante redadas en lugares de trabajo, extranjeros que han sido detenidos por otras agencias con similares poderes (como la policía), etc.

Por supuesto, muchos extranjeros con permiso de residencia podrían llegar a temer de la medida. En caso de que un individuo sea detenido, deberá probar su estatus migratorio por medio de documentos, es decir, respaldado con papeles como el green card. De saberse que alguien ha mentido, podrá enfrentar “sanciones penales y consecuencias migratorias”, según el ICE.

Por otra parte, “de acuerdo con los reglamentos y estatutos vigentes, cualquier extranjero que sea procesado para una deportación expedita, y que indique la intención de solicitar asilo o exprese temor de persecución o tortura, o temor de regresar a su país, será referido para una entrevista por un oficial de asilo que determinará si el extranjero tiene un temor creíble de persecución o tortura”, dice el memorando de Albence.